Este texto iba a tener otro formato, más de charla. Por eso es algo más largo de lo que acostumbro a compartir. El tema me parece interesante y, sobre todo, trascendental. Si tienes diez minutos y te interesa mi opinión sobre hacia dónde creo que se dirige la accesibilidad, te recomiendo leerlo y, si te animas, compartir tu opinión.
Hace poco me llegó en el trabajo uno de esos documentos cuyo nombre invita a dejar su lectura para septiembre: la Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 465 sobre ciberaccesibilidad (PDF). Una guía publicada por el Centro Criptológico Nacional que introduce un concepto que, aunque el nombre no acompañe, me resulta especialmente interesante: la ciberaccesibilidad.
La idea es bastante sencilla. Una interfaz accesible no solo permite que más personas puedan utilizarla. También puede ser una interfaz más segura.
La guía no inventa nuevos requisitos de accesibilidad. Lo que hace es mirar algunos criterios de las WCAG 2.2 y de la UNE-EN 301 549 (color, contraste, imágenes, teclado, puntero, límites de tiempo o mensajes de error) desde el punto de vista de la seguridad. Su conclusión podría resumirse así: un usuario que comprende qué está haciendo se equivoca menos y también es más difícil de engañar.
Poco después, leyendo Usable y Accesible, el blog de Olga Carreras, me encontré con otro artículo sobre unas directrices de accesibilidad para evaluar experiencias de realidad extendida. En este caso, el documento había sido elaborado por el Metaverse Standards Forum y buscaba establecer criterios para entornos de realidad virtual, aumentada y mixta.
Aparentemente, ambos documentos tienen poco que ver.
Uno habla de ciberseguridad. El otro, de metaversos y experiencias inmersivas. Sin embargo, los dos son parte del mismo fenómeno: la accesibilidad está empezando a aparecer en lugares en los que hasta hace poco ni siquiera era tenida en cuenta.
Y creo que esto solo va a ir a más.
Vivimos en un mundo en el que la accesibilidad debería integrarse de manera orgánica en cualquier producto, servicio o tecnología. No como una corrección posterior, ni como un requisito que se comprueba dos días antes de publicar una aplicación, sino como una parte natural de la forma en la que diseñamos.
Un pequeño inciso
El Informe Olivenza 2025. Situación de las personas con discapacidad en España, publicado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, recoge que 4,38 millones de personas residentes en hogares afirmaron tener algún tipo de discapacidad o limitación.
Y dice «tener» con toda la intención. Aquí hago un inciso.
El verbo importa. Las personas no son discapacitadas. Son personas que tienen una discapacidad. Una característica que puede condicionar una parte de su vida, pero que no las define por completo.
Ese cambio en la forma de entender la discapacidad también quedó reflejado en la reforma del artículo 49 de la Constitución. No se trató únicamente de sustituir una palabra que había quedado obsoleta. Se trató de colocar a la persona por delante de su discapacidad y de reconocer la importancia de que pueda ejercer sus derechos en entornos accesibles.
Las palabras, por sí solas, no eliminan barreras. Pero la manera en la que nombramos las cosas influye en la manera en la que las tratamos.
Volviendo al tema, esa cifra corresponde al 9,5 % de la población. Y eso, permíteme decirlo, es mucho.
Por eso es importante que organismos como el Centro Criptológico Nacional o grupos como el Metaverse Standards Forum empiecen a hablar de accesibilidad. Significa que ya no se percibe únicamente como una especialidad aislada, sino como una cuestión que atraviesa la seguridad, el diseño, la innovación y la prestación de servicios.
El problema es que las organizaciones todavía no siempre están preparadas para gestionarla de esa manera.
Ya no depende de la buena voluntad
La accesibilidad ha dejado de depender exclusivamente de la buena voluntad de un diseñador, un desarrollador o un responsable especialmente concienciado. Existe normativa vigente, obligaciones concretas y un régimen sancionador que empieza a tener consecuencias reales.
En el sector público contamos con el Real Decreto 1112/2018, que regula la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones móviles. En el ámbito privado, la Ley 11/2023 incorpora las obligaciones derivadas de la Ley Europea de Accesibilidad para determinados productos y servicios. Y el Real Decreto Legislativo 1/2013 establece el marco general de derechos, infracciones y sanciones en materia de discapacidad y accesibilidad universal.
También existen precedentes.
Vueling fue sancionada con 90.000 euros por incumplir las condiciones de accesibilidad de su página web, sanción que la Audiencia Nacional confirmó en 2024. Y en Francia, las asociaciones apiDV y Droit Pluriel llevaron ante los tribunales a Auchan, Carrefour, E. Leclerc y Picard Surgelés por la inaccesibilidad de sus servicios de compra en línea. Es el primer proceso judicial en Europa contra el sector privado por incumplimiento de la Ley Europea de Accesibilidad.
La accesibilidad, por tanto, ya tiene normas, obligaciones, reclamaciones y sanciones.
Pero no tiene responsable
En muchas organizaciones sigue sin tener un propietario claro.
Se reparte entre Tecnología, Diseño, Legal, Cumplimiento, Compras, Recursos Humanos y Atención al Cliente. Todos tienen alguna responsabilidad, pero nadie observa el conjunto. Y cuando una responsabilidad pertenece un poco a todo el mundo, existe el riesgo de que no termine perteneciendo realmente a nadie.
Por eso creo que la accesibilidad debe dar el siguiente paso. Debe dejar de entenderse únicamente como una tarea técnica y convertirse en una función de gobierno.
El precedente de la sostenibilidad
Hace algunos años, la sostenibilidad ocupaba una posición bastante similar.
Había iniciativas medioambientales, proyectos sociales y memorias corporativas, pero las responsabilidades se encontraban dispersas entre diferentes departamentos. La sostenibilidad era importante, aunque no siempre estaba claro quién debía tomar las decisiones, controlar los riesgos o informar a la dirección.
Entonces llegó la regulación.
Aparecieron las obligaciones de reporte, los estados de información no financiera, la verificación por terceros, los indicadores y los comités de sostenibilidad. Poco a poco, dejó de ser una suma de iniciativas aisladas para convertirse en una cuestión de gobierno corporativo.
No digo que accesibilidad y sostenibilidad sean exactamente lo mismo. No lo son. Pero existen semejanzas difíciles de ignorar en lo normativo y en lo documental. Tenemos obligación de publicar la Declaración de accesibilidad, obligación de revisarla y actualizarla, normativa vigente, régimen sancionador… Solo falta una cosa.
En el sector público ya existe: la Unidad Responsable de Accesibilidad. La cuestión no es solamente crear una figura con ese nombre, sino dotarla de capacidad real para coordinar, controlar y elevar los riesgos a los órganos de decisión.
En el sector privado, esta necesidad es todavía más evidente.
Qué debería hacer un responsable de accesibilidad
Un responsable de accesibilidad no debería ser la persona encargada de corregir todos los errores de una web ni una especie de policía que persiga botones sin nombre accesible o contrastes insuficientes. Su función debería parecerse más a la de otras áreas de control: establecer un modelo, repartir responsabilidades, supervisar el cumplimiento y garantizar que los problemas se resuelven.
Para hacerlo, creo que debería trabajar sobre varios pilares.
El primero sería el análisis regulatorio. La normativa y los estándares evolucionan, y alguien debe interpretar cómo afectan a los productos, los servicios, los canales y los proveedores de la organización. No basta con conocer las obligaciones actuales. También hay que anticipar las que vienen.
El segundo sería la divulgación y la formación. La accesibilidad no puede depender únicamente de un pequeño grupo de especialistas. Diseñadores, desarrolladores, redactores, responsables de compras, equipos jurídicos y atención al cliente necesitan conocimientos adaptados a su función. No todos deben saber lo mismo, pero todos deben saber qué responsabilidad les corresponde.
El tercero sería el control. La organización debe contar con metodologías, revisiones y criterios claros para conocer su nivel de cumplimiento. Dependiendo de su estructura, la función de accesibilidad podría actuar como primera o segunda línea de defensa, evaluando de forma continua los riesgos y evitando que las auditorías se conviertan en una fotografía aislada que se guarda en un cajón.
Después estaría la gestión de la remediación. Detectar barreras sirve de poco cuando terminan acumuladas en un Excel que nadie vuelve a abrir. Los errores deben tener una prioridad, un responsable y una fecha prevista de resolución. Los equipos de producto y tecnología serán quienes implementen las soluciones, pero alguien debe asegurarse de que el proceso avanza.
También sería fundamental la gestión de clientes y proveedores. Las decisiones deben tomarse pensando en las personas que utilizarán los productos y servicios. Y cuando una empresa contrata a un tercero para desarrollarlos, debe exigirle los mismos estándares que se exigiría a sí misma. Externalizar un producto no significa externalizar la responsabilidad.
Por último, esta figura debería monitorizar y reportar el nivel de accesibilidad de la entidad. Realizar muestreos, coordinar auditorías, analizar reclamaciones, definir indicadores y trasladar los resultados a los órganos de dirección.
Porque aquello que no se mide difícilmente se gestiona. Y aquello que no llega a la dirección rara vez se convierte en una prioridad.
La accesibilidad se ha tratado durante demasiado tiempo como una característica técnica. Como algo relacionado con el código, los lectores de pantalla o el contraste entre dos colores.
Pero un producto no se vuelve inaccesible únicamente cuando un desarrollador utiliza mal un atributo. También se vuelve inaccesible cuando Compras contrata una herramienta que no cumple los requisitos necesarios. Cuando Legal no incorpora cláusulas de accesibilidad en un contrato. Cuando Diseño crea un componente sin contemplar diferentes formas de interacción. Cuando Comunicación publica un vídeo sin subtítulos. O cuando la dirección decide lanzar un producto sabiendo que contiene barreras.
La accesibilidad no es responsabilidad de una única persona, pero necesita que alguien se responsabilice de que todos cumplan su parte.
Un responsable, con responsabilidades
Las guías de ciberaccesibilidad y de accesibilidad en experiencias XR son dos ejemplos de un cambio que ya está ocurriendo. La accesibilidad empieza a atravesar disciplinas, tecnologías y sectores que hasta hace poco avanzaban por separado.
Vendrán más documentos. Más normas. Más sanciones. Y también tecnologías nuevas que volverán a plantearnos las mismas preguntas.
Podemos seguir reaccionando cada vez que una auditoría detecte un problema o una ley nos obligue a corregirlo. O podemos aceptar que la accesibilidad ya es una cuestión estratégica y empezar a gobernarla como tal.
Porque normas ya tenemos. Estándares también. Tenemos sanciones. Y poco a poco, vamos teniendo cada vez más documentos divulgativos.
Lo que todavía falta en demasiadas organizaciones es una silla con nombre propio en la mesa donde se toman las decisiones.
Andrés Castrillón Mata. Consultor de accesibilidad digital. Escribe sobre lo que ve, lo que le pasa y lo que le toca pensar.
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